Admistia Internacional

República Dominicana debe romper con su vergonzosa práctica de abusos policiales ahora que ha ratificado la Convención de la ONU contra la Tortura, ha dicho Amnistía Internacional. 

El tratado internacional, que prohíbe la tortura y otros malos tratos bajo custodia policial, entra en vigor en el país caribeño el jueves 23 de febrero. 

Amnistía Internacional ha documentado terribles niveles de abuso de la policía en el país, incluidas torturas y homicidios ilegítimos. 

“Hay que elogiar a la República Dominicana por haberse incorporado a este importante tratado para combatir la tortura”, ha dicho Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional. 

“Pero las autoridades del país, y en particular la Policía Nacional, deben terminar de una vez por todas con prácticas de abuso que existen desde hace decenios, y ponerse manos a la obra para cumplir las disposiciones del Tratado haciendo cumplir la ley de forma respetuosa con los derechos humanos.”

Una vergonzosa práctica de abusos
En un informe publicado en octubre de 2011, Amnistía Internacional documentó un panorama inaceptable y persistente de abusos policiales en República Dominicana.
Según la Procuradoría General, la policía mató a 289 personas en 2011, frente a las 260 del año anterior. Más de una décima parte de los homicidios registrados en el país en 2011 fueron cometidos por la policía.

La investigación de Amnistía Internacional ha documentado la frecuente práctica de detener a las personas y someterlas a tortura y otros malos tratos bajo custodia policial, a menudo sin que estén acusadas formalmente ni condenadas por ningún delito. La investigación mostró también que la mayoría de estos casos no son adecuadamente investigados y que las autoridades niegan que en el país haya tortura.

“12 días de tortura”
En julio de 2009, Denis Antonio González fue detenido por la policía en Monte Plata, a 50 km al norte de la capital, Santo Domingo, en relación con el presunto secuestro de Jacinto Reinaldo Gimbernard Pratt, profesor e hijo de un respetado intelectual dominicano. 

Unos 20 agentes de policía llegaron al domicilio de González a las 6 de la mañana de un jueves para detenerlo. 

Inicialmente lo colgaron de un árbol y lo golpearon hasta que el jefe de la investigación llegó al lugar y ordenó que lo bajaran. Al hacerlo, González se cayó del árbol y se rompió el hombro. 

Luego lo tuvieron bajo custodia 12 días, que González describe como “12 días de tortura”, durante los cuales no le dieron de comer y lo golpearon salvajemente. 

“Cada día me sacaban a las ocho de la mañana de la celda, y me llevaban para la finca para buscar [a Jacinto Reinaldo Gimbernard Pratt]”, dijo a Amnistía Internacional. 

“Me ponían mi cabeza en dos fundas negras, me echaban gas pimienta en los ojos y a veces corriente […] Bastantes veces llegué a escupir a la cara del mayor para que me matara, que yo no aguantaba. [...] Como nosotros no sabíamos dónde estaba este hombre no podíamos decir nada, y eso era tortura y tortura”.

Denis Antonio González quedó en libertad sin cargos después de que Jacinto Reinaldo Gimbernard Pratt fue encontrado con vida y negó haber sido secuestrado.

Investigaciones e indemnización
Para la plena aplicación del tratado recién ratificado, las autoridades de República Dominicana tendrán que garantizar que, siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura, se procederá a una investigación pronta e imparcial.

También deberán garantizar que las víctimas de abuso tienen acceso a reparación y a rehabilitación médica y psicológica.

“Las víctimas de tortura policial en República Dominicana deben tener acceso a la justicia y a obtener reparación adecuada por su sufrimiento”, ha dicho Javier Zúñiga. 
Un año después de que el tratado entre en vigor en la República Dominicana, se exigirá a las autoridades que presenten un informe sobre su cumplimiento al Comité contra la Tortura de la ONU. 

Un año después de la revolución, las fuerzas de seguridad egipcias siguen matando a manifestantes con las mismas tácticas brutales que se usaban en los últimos días en que Hosni Mubarak ostentaba el poder, ha afirmado Amnistía Internacional tras concluir que la policía antidisturbios recurrió una vez más al uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones de El Cairo y Suez.

Las protestas de primeros de mes tuvieron lugar tras la tragedia de Port Said, en la que más de 70 hinchas del club de fútbol Al Ahly murieron después de un partido el 1 de febrero.

La organización ha concluido que, entre el 2 y el 6 de febrero, las Fuerzas de Seguridad Central (policía antidisturbios) del Ministerio del Interior hicieron un uso excesivo de la fuerza, utilizando armas de fuego, para dispersar a los manifestantes, matando al menos a 16 personas e hiriendo a cientos.

"El comportamiento de las fuerzas de seguridad al responder a estas protestas recuerda, desgraciadamente, a una época que los egipcios pensaban haber dejado atrás después de la Revolución del 25 de Enero", ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Las promesas de reformar las fuerzas de seguridad continúan sonando a hueco frente a los homicidios de más de cien manifestantes en los últimos cinco meses. Las autoridades no solo no han reformado las fuerzas de seguridad, sino que niegan la evidencia del uso de munición real y balas de goma y formulan acusaciones de injerencia extranjera. 

Los anteriores llamamientos a reformar el sector de la seguridad solo han conducido a cambios mínimos, mientras las autoridades han continuado haciendo un uso indebido de gases lacrimógenos y munición real. 

Las autoridades egipcias anunciaron que se iban a llevar a cabo investigaciones sobre aquellos incidentes que hubieran causado víctimas mortales o heridas graves a los manifestantes. 

A pesar de ello no se ha extraído ninguna lección, y no parece que se hayan dado instrucciones claras a las fuerzas de seguridad, incluido el personal militar, para que respeten el derecho de reunión pacífica y desempeñen su labor en las manifestaciones de acuerdo con las normas internacionales. 

En febrero de 2012 se hizo uso de fuerza letal, sin advertencia previa, para dispersar a los manifestantes de El Cairo y Suez que, en su mayoría, protestaban y coreaban lemas pacíficamente.

Algunos manifestantes, sin embargo, lanzaron piedras a las fuerzas de seguridad y Amnistía Internacional ha recibido informaciones de que se llegaron a lanzar cócteles molotov contra la policía antidisturbios. En algunos incidentes aislados se disparó munición de escopeta y se lanzaron dispositivos pirotécnicos contra la policía.

“La policía no debería usar armas de fuego contra las personas excepto en defensa propia o para defender a otras personas de una amenaza inminente contra sus vidas o que comprometa gravemente su integridad física. El uso de armas de fuego con intención letal solo puede realizarse cuando sea absolutamente inevitable para proteger vidas", ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.

Las fuerzas de seguridad tienen el deber de restablecer el orden público, sin embargo, su reciente uso de una fuerza excesiva muestra una total falta de respeto por la vida. 

“Ahora está claro que el Parlamento recientemente elegido debe hacer frente con urgencia a unas reformas largamente esperadas sobre el modo en que las fuerzas de seguridad han estado interviniendo en las manifestaciones.”

“A menos que el aparato de seguridad egipcio sea reformado con el propósito de ofrecer seguridad y respetar el derecho a protestar pacíficamente, tememos que habrá más derramamientos de sangre.”

Víctimas 
Solo en los hospitales universitarios de El Cairo se atendió a unas 269 personas heridas y a 7 de las 11 víctimas mortales que se produjeron en la capital durante las protestas. 

La mayoría de los heridos habían inhalado gases lacrimógenos o habían sido alcanzados por perdigones que, en algunos casos, habían provocado el estallido del globo ocular.

En una ocasión, un manifestante murió de las heridas provocadas por el uso de munición real después de que un perdigón le alcanzara el cerebro. Otras dos personas más murieron de disparos en la cabeza y otra, de un disparo en el estómago.

En Suez, Amnistía Internacional pudo obtener una lista de 85 personas heridas que recibieron asistencia en el Hospital General de Suez, principalmente por heridas provocadas por perdigones y munición real. Cinco personas murieron en la ciudad a consecuencia de disparos en el pecho, la cabeza o el estómago.

La lista incluía cuatro miembros de las fuerzas de seguridad que, según las informaciones recibidas, también habían resultado heridos por disparos de perdigón en Suez.

Uso excesivo de gases lacrimógenos 
Los delegados de Amnistía Internacional presenciaron cómo la policía antidisturbios disparó implacablemente gases lacrimógenos contra grupos de manifestantes contrarios al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que se encontraban en la calles Mansur y Mohamed Mahmoud de El Cairo, que conducen al Ministerio del Interior y donde se produjeron los peores enfrentamientos. 

La policía antidisturbios hizo un uso desproporcionado de gases lacrimógenos en situaciones en las que los manifestantes no representaban ningún riesgo inminente para la seguridad. No realizaron ningún aviso antes de lanzar los botes de gas lacrimógeno.

Médicos voluntarios y testigos informaron de que, tanto en El Cairo como en Suez, la policía antidisturbios lanzaba gases lacrimógenos hacia los mismos hospitales de campaña que ofrecían primeros auxilios a los manifestantes que sufrían los efectos de la inhalación de gases lacrimógenos y otras heridas. En Suez varios trabajadores del canal de televisión TV 25 también fueron blanco directo de gases lacrimógenos, lo que les causó dificultades respiratorias.

Algunos de los botes de gas lacrimógeno que se lanzaron en Suez habían sido manufacturados en Estados Unidos y portaban una fecha de producción de agosto de 2011, lo que sugería que formaban parte de un envío reciente realizado en noviembre por Estados Unidos. En diciembre de 2011 Amnistía Internacional pidió a los proveedores mundiales de armas que detuvieran todas las transferencias al ejército y a las fuerzas de seguridad egipcias de gases lacrimógenos, armas pequeñas y ligeras, munición y otro tipo de material represivo.

Casos individuales ilustrativos 

El Cairo 

Ahmed Hassan Ali

Ahmed Hassan Ali, pintor de 24 años de edad y manifestante en la plaza Tahrir, sufrió la pérdida de su ojo derecho por el impacto de un perdigón, lo que afecta significativamente a su visión. 

Él mismo informó a Amnistía Internacional que había sido herido por una bala de goma en la calle Mansur a las seis de la mañana  del pasado 4 de febrero. Señaló que había sido herido mientras se dirigía a pedir a otros manifestantes que regresaran a la plaza y evitaran confrontaciones con la policía antidisturbios. Afirmó que los manifestantes estaban pacíficamente lanzando proclamas contra el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas cuando la policía abrió fuego sin previo aviso. 

Ahmed Maher 

El 5 de febrero, alrededor de la una y media de la mañana, Ahmed Maher, coordinador general del grupo de protesta pro democrático “Movimiento Juvenil 6 de Abril”  sufrió una fractura en la parte superior del cráneo mientras se encontraba en el cruce de las calles Mansur y Mohamed Mahmoud, lo que le causó un derrame interno.

Después de reunirse con varios diputados en el Parlamento, se dirigió a pedir a los manifestantes que se retiraran del área y pusieran fin a la protesta de modo que las autoridades pudieran construir un muro de hormigón en la calle Mansur, junto al Ministerio del Interior. Cayó al suelo como resultado de su herida, perdiendo su BlackBerry. La cuenta de Twitter que administra para el movimiento fue posteriormente intervenida por un hacker.

Amnistía Internacional teme que pueda haber sido blanco de este ataque debido a la campaña de desprestigio que han montado las autoridades contra el “Movimiento Juvenil 6 de Abril”, acusándolo públicamente de conspirar contra Egipto. 

Salma Said Abdel Fattah 

El 5 de febrero, alrededor de las once de la noche, Salma Said Fattah, activista de los grupos "No a los Juicios Militares para Civiles" y "Mosireen", de 26 años de edad, fue herida por perdigones mientras grababa cómo los vehículos blindados de la policía antidisturbios atacaban a los manifestantes que corrían de la calle Mansur hacia la plaza Falaky. 

Salma Said Fattah dijo a Amnistía Internacional que un agente encapuchado de la policía antidisturbios que se encontraba sobre el techo de un vehículo blindado le disparó tres veces, en cara, pecho y piernas, y volvió a dispararle mientras otros manifestantes se la llevaban para socorrerla. 

Suez

En Suez la mayoría de las víctimas se produjeron en los alrededores de la sede central de la Dirección de Seguridad, cerca de las calles Paraíso y Al-Shohadaa, entre el 2 y el 4 de febrero. El edificio de la Dirección de Seguridad está situado junto a una amplia plaza con jardines, desde donde, entre otras calles contiguas, los manifestantes intentaban acercarse él. El acceso al edificio estaba cortado por una barrera de alambre de espino.

Al atardecer, según los manifestantes, la policía antidisturbios disparó, sin previo aviso e indiscriminadamente, gases lacrimógenos y munición real mientras se acercaban a la Dirección de Seguridad. 

Mohamed Ahmed Atta

Según los informes recibidos, Mohamed Ahmed Atta perdió la vida en la tarde del 2 de febrero como resultado de un disparo que le alcanzó la parte superior del cuerpo mientras lanzaba piedras a la policía antidisturbios. Rami Mohamed, de 25 años de edad y miembro del “Bloque Juvenil de Suez”, confirmó a Amnistía Internacional que había presenciado cómo las fuerzas de seguridad disparaban contra Mohamed Ahmed Atta sin haber realizado ningún aviso previo.  El propio Rami Mohamed fue herido al día siguiente por un disparo en la pelvis, también mientras lanzaba piedras a la policía antidisturbios junto a la Dirección de Seguridad.

Mohamed Al-Sayed Ahmed Farrag

Mohamed Al-Sayed Ahmed Farrag, jornalero de 28 años, murió en la madrugada del 2 al 3 de febrero por la acción, al parecer, de un francotirador. Había estado lanzando piedras contra la policía antidisturbios. Los amigos de Mohamed han asegurado a Amnistía Internacional que presenciaron cómo la policía antidisturbios hacía un uso intensivo de gases lacrimógenos en las inmediaciones de la Dirección de Seguridad y decidieron subir a la azotea de un edificio de viviendas de 12 pisos, que está todavía en construcción, para escapar de los efectos del gas. 

El grupo afirma que desde el tejado del edificio pudieron ser testigos de cómo las fuerzas de seguridad disparaban munición real contra los manifestantes y vieron francotiradores apostados en lo alto del edificio de la Dirección de Seguridad y en los edificios cercanos a este.  Cada vez que la policía expulsaba a los manifestantes de la plaza, el grupo lanzaba piedras contra los antidisturbios. Alrededor de las 2 de la mañana Mohamed Al-Sayed se encontraba junto a una ventana cuando recibió un disparo en la cabeza que le causó la muerte instantáneamente.

Contexto

En junio de 2011 el secretario general de Amnistía Internacional entregó a Mansur Essawy, entonces ministro del Interior, una copia de la publicación de Amnistía Internacional Entender la labor policial. El libro explica las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego.

Estas normas requieren que los agentes de la ley solo usen la fuerza en la medida de lo necesario para conseguir un propósito legítimo y solo en proporción a ese propósito.

Debe ejercerse moderación, y utilizarse medios no violentos cuando sea posible para minimizar los daños y proteger vidas.

El uso de armas de fuego debería limitarse a situaciones en las que la vida o la integridad física de las personas se vean seriamente amenazadas. Tanto en El Cairo como en Suez el uso intensivo e indiscriminado de la fuerza y de armas de fuego sin previo aviso, causando un alto número de víctimas, indica que las fuerzas de seguridad hicieron caso omiso de las normas internacionales al responder a las manifestaciones.

Ante las denuncias de uso de fuerza excesiva por parte de la policía como respuesta a las manifestaciones estudiantiles en Valencia, y la previsión de que  tengan lugar más protestas, Amnistía Internacional quiere recordar a las autoridades que el uso de la fuerza contra manifestantes es una de las medidas más extremas que el Estado puede tomar, y que por ello deben ser el último recurso para garantizar el orden público. Para ello, las fuerzas de seguridad deben seguir escrupulosamente los criterios de legalidad  y proporcionalidad.

“El derecho a la reunión pacífica es un derecho reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” ha recordado Virginia Álvarez, portavoz de Amnistía Internacional. “La utilización de la fuerza puede ser legítima por motivos de orden público, pero siempre mediante la adopción de los métodos menos lesivos”.

“Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego de Naciones Unidas recuerdan que la fuerza debe emplearse sólo cuando los medios no violentos hayan resultado ineficaces, debe ser proporcional y legítima y debe reducirse al mínimo requerido por la situación. Tenemos dudas razonables de que este principio se haya aplicado en este caso”, ha añadido Álvarez.

El artículo 20 de estos mismos principios invoca la necesidad de buscar una solución pacífica de conflictos, y usar técnicas de persuasión, negociación y mediación. Asimismo, la policía debe contar con medios que le permitan resolver tensiones de forma pacífica, y contar con un alto grado de formación sobre cómo evaluar una situación y reaccionar de la forma más proporcionada. 

Tanto las manifestaciones de estudiantes como la actuación policial se han intensificado en los últimos días en zonas de Valencia. Según la información disponible, los altercados del 20 de febrero se saldaron con al menos 17 personas heridas o contusionadas de diversa consideración, incluyendo también agentes de policía, y al menos 26 personas detenidas.

La presencia de fuerzas de seguridad antidisturbios ha sido requerida por la policía local al producirse cortes de tráfico por parte de los manifestantes durante una sentada pacífica de la calle Xátiva, frente al Instituto Público Lluís Vives.

El despliegue policial y la detención de menores ha provocado una oleada de protestas a las que se han sumado diferentes organizaciones estudiantiles. Diversas imágenes recogidas por algunos medios de comunicación muestran como algunos agentes de la unidad antidisturbios hacen un uso de fuerza desproporcionada contra manifestantes, viandantes y periodistas.

Peticiones de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional se está dirigiendo al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno de Valencia para que realicen una investigación de todas las alegaciones de uso de fuerza excesiva, y la adopción de medidas disciplinarias y penales si procediera.

“Además de una valoración de la actuación policial y la exigencia de responsabilidad a los mandos policiales, los agentes también deben rendir cuentas a título individual y demostrando que la fuerza empleada fue necesaria y proporcionada” ha declarado Virginia Álvarez.

El origen de las protestas y la respuesta de las autoridades
Las protestas estudiantiles tienen lugar en respuesta a los recortes presupuestarios en la Comunidad Autónoma Valenciana que afectan a los centros educativos públicos.

Dichos recortes han provocado el consiguiente impago de los centros a proveedores y que, en consecuencia, algunos estudiantes hayan tenido que acudir a clase con mantas por la falta de calefacción, que escasee el material escolar o que no se contraten servicios básicos de limpieza.

Las manifestaciones se originaron cuando los estudiantes del Instituto Público Lluís Vives de Valencia protestaron frente al instituto para denunciar los recortes en educación que se están produciendo en esta Comunidad.

Según ha podido saber AI a través de medios de comunicación, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha declarado esta mañana que ha podido darse "algún exceso" y que ha podido haber alguna "actuación desproporcionada" por parte de la policía ante las manifestaciones estudiantiles en Valencia, si bien ha limitado los excesos a "alguna actuación individual".

El ministro ha asegurado que se estudiarán los casos y que actuará en consecuencia. La delegada del Gobierno en Valencia, Paula Sánchez de León, ha comunicado que va a "abrir una investigación" para aclarar posibles "extralimitaciones" por parte de la Policía.

La decisión de las autoridades israelíes de liberar a mediados de abril a un detenido palestino es insuficiente. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, entre los informes que indican que este detenido ha accedido a poner fin a sus 66 días de huelga de hambre.

La organización ha instado a Israel a poner a Khader Adnan en libertad de inmediato, con el fin de que pueda recibir tratamiento médico urgente. Este panadero de 33 años, presuntamente afiliado al movimiento de la Yihad Islámica, corre peligro inminente de muerte tras más de 10 semanas en huelga de hambre.

“Un acuerdo según el cual Khader Adnan será liberado el 17 de abril a menos que surjan nuevas pruebas de peso es insuficiente, cuando este hombre necesita tratamiento médico urgente para salvar la vida”, ha manifestado Philip Luther, director provisional del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Incluso aunque los informes que indican que Khader Adnan ha accedido a poner fin a su huelga de hambre sean ciertos, eso no significa que esté fuera de peligro, ni reduce la necesidad de que reciba asistencia médica altamente especializada”.

“En su estado actual, Khader Adnan no puede constituir una ‘amenaza para la seguridad’ y debe ser liberado de inmediato. Las autoridades israelíes no han revelado ninguna prueba que justifique la continuación de su detención”.

A Khader Adnan se le impuso una orden de detención administrativa de cuatro meses de duración el 10 de enero. Las órdenes militares israelíes permiten a las autoridades de Israel detener indefinidamente y sin juicio a palestinos de Cisjordania si se les considera una “amenaza para la seguridad”.

El Tribunal Supremo de Israel tenía que haber examinado la apelación de Khader Adnan el martes, pero la vista se canceló tras anunciarse un acuerdo entre el abogado del detenido y las autoridades israelíes.

Los portavoces tanto de la Autoridad Palestina como del gobierno israelí han anunciado que Khader Adnan ha accedido a poner fin a su huelga de hambre, algo que Amnistía Internacional no ha podido verificar de forma independiente.

“Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades israelíes que pongan en libertad a Khader Adnan y a otros palestinos recluidos en detención administrativa, a menos que los acusen sin demora de delitos penales reconocibles internacionalmente y los juzguen de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos”, ha manifestado Philip Luther.

Khader Adnan fue detenido el 17 de diciembre del año pasado en su localidad natal de Arrabe, cerca de Yenín, en la Cisjordania ocupada, después de que las fuerzas israelíes irrumpieran en su casa de madrugada.

Inició su prolongada huelga de hambre en protesta por los malos tratos sufridos, por sus condiciones de reclusión y por la política de detención administrativa.

Amnistía Internacional ha pedido a Israel que ponga fin a la práctica de la detención administrativa porque viola el derecho internacionalmente reconocido a un juicio justo. Ese derecho debe respetarse en el caso de todos los detenidos, incluso durante el estado de excepción.

El panadero permanece hospitalizado desde el 30 de diciembre, ante el deterioro de su salud. En la actualidad se encuentra recluido en el hospital de Ziv, en el norte de Israel, bajo vigilancia armada.

El 19 de febrero, unos médicos de Physicians for Human Rights – Israel informaron de que seguía encadenado a su cama de hospital, pese al compromiso de los Servicios Penitenciarios israelíes de que se le retirarían las cadenas.

Unos 309 palestinos, entre ellos más de 20 miembros del Consejo Legislativo palestino, se encuentran en la actualidad recluidos en detención administrativa. Hay un hombre que lleva recluido más de cinco años. 

El 15 de febrero 2012, la Corte Nacional de Justicia – la más alta instancia del sistema judicial en Ecuador – ratificó una condena de tres años de prisión y una indemnización punitiva con valor de 40 millones de dólares estadounidenses al periódico El Universo por un artículo de febrero de 2011, donde llamó al Presidente Correa de "dictador".

Amnistía Internacional ha escuchado con profunda preocupación que el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró en una rueda de prensa que esta ratificación por difamación es “lograr la verdadera libertad de expresión” y que “la libertad de expresión tiene sus limites, lo dicen todos los tratados internaciones”.

Si bien la libertad de expresión no es un derecho absoluto, según los estándares internacionales de derechos humanos los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. El gobierno debe permitir que se critiquen a quienes están en el poder sin la amenaza de ser sujetos a procedimientos penales u otras penas civiles desproporcionadas al acto cometido.

Esta decisión de la Corte Nacional de Justicia y los pronunciamientos del Presidente Correa al respeto son alarmantes ya que hay un número creciente de casos del uso indebido del sistema de justicia para acallar críticas legítimas hacia el gobierno.

Estos ataques a la libertad de expresión y opinión envían un mensaje intimidatorio a periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes indígenas y a toda aquella persona que quiera expresar opiniones en contra del gobierno. Todas las personas en Ecuador tienen el derecho a expresar su opinión sin temor de represalias.